La plaza de Cobija fue tomada por asalto y en medio de fuertes medidas de seguridad fue sacado por la fuerza el prefecto de Pando, férreo opositor al gobierno del presidente Evo Morales, desde la sede de la gobernación local.
El fuerte desplazamiento castrense, con unos 300 efectivos, preocupó a los pobladores de Cobija, mil 200 kilómetros al norte de La Paz, porque temieron enfrentamientos entre las fuerzas leales a Fernández y los uniformados del Ejército boliviano.
De manera sorpresiva, los militares llegaron hasta la Prefectura de Pando y sin mediar palabra tomaron a Fernández, a quien sacaron por una parte lateral del edificio.
Radioemisoras locales indicaron que como garante de la seguridad de Fernández figura el senador Paulo Bravo, a cuyo vehículo fue subido el prefecto, quien fue escoltado con rumbo desconocido por otros automóviles de las fuerzas militares.
El fiscal general de la República, Mario Uribe, inició en la víspera un proceso penal en Fernández por el delito de genocidio en su categoría de masacre sangrienta, además se inició el mismo proceso contra Miguel Becerra y el senador Abraham Cuéllar.
"Se ha dispuesto iniciar proceso penal contra los señores Leopoldo Fernández Ferreira, prefecto del departamento de Pando; Miguel Becerra Suárez, ex alcalde de la ciudad de Cobija y Abraham Cuellar, presunta comisión del delito de genocidio", indicó Uribe.
El pasado jueves murieron unas 15 personas en el departamento de Pando en el marco de los enfrentamientos en la comunidad de Porvenir.
Poco antes de ser detenido, el prefecto Fernández rechazó las acusaciones en su contra y dijo que su personal no abrió fuego contra campesinos, sino que éstos fueron los que accionaron sus armadas y se armó la reyerta.
En la víspera, los militares ingresaron violentamente a las casas de varios funcionarios que trabajan con Fernández y hallaron armas de guerra, ametralladoras y municiones en algunas viviendas, operativo en el que fueron detenidas 11 personas.
Durante los hechos luctuosos del 11 y 12 de septiembre en el departamento de Pando murieron 15 personas, 37 resultaron heridos y hay 106 desaparecidos.
El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, aseguró que Fernández es responsable de los crímenes y dijo que tendrá una sentencia de 30 años sin derecho a indulto por los delitos que cometió.
